El gobierno nacional puso en marcha una reforma del régimen de armas de fuego con foco en la simplificación de trámites, el fortalecimiento institucional y una mejor adecuación a las necesidades operativas actuales.
La norma actualiza la reglamentación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos (N° 20.429) y redefine el modo en que se gestionan las autorizaciones para la tenencia y portabilidad de armamento. La decisión se formalizó a través del Decreto 397, que lleva las firmas del Presidente Javier Milei, y los ministros de Seguridad Nacional e Interior, Patricia Bullrich y Guillermo Francos, respectivamente.
La medida apunta a un doble objetivo: por un lado, desburocratizar procesos que resultaban engorrosos y costosos para los usuarios regulares del sistema; por otro, reforzar el control sobre los materiales bélicos, incorporando criterios técnicos, psicológicos y penales más estrictos a la hora de autorizar su uso.
El decreto sustituye artículos clave del histórico Decreto 395/75, reorganizando el sistema para que sea más eficiente y adaptado a cada tipo de usuario: ciudadanos civiles, miembros de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, servicios penitenciarios y asociaciones de tiro.
Entre los principales cambios se destaca la extensión de la validez de las credenciales de usuario legítimo, la descentralización del control de portabilidad para el personal en actividad (que ahora será evaluada directamente por sus propias instituciones), y un nuevo criterio para autorizar armas semiautomáticas de alto poder, que pasarán de un régimen de prohibición general a uno de control administrado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
