Un sector policial reclama que los salarios se equiparen con las fuerzas federales

En la Policía de Entre Ríos –tanto en los cuadros de oficiales como de suboficiales- está creciendo el malestar por la pérdida de valor del salario que reciben por su función. En ese marco, un sector de los uniformados demandan también que sean equiparados con las Fuerzas Federales, dado que las diferencias son “abismales”, compararon.

“La situación de los salarios policiales siempre fue un “tema secundario” para las distintas gestiones de gobierno en democracia, de 1983 a la fecha, es decir, nunca fueron una prioridad propender al mejoramiento del sueldo, el haber o mensualidad, a pesar de haber transcurrido 40 años”, contextualiza el escrito que refleja este malestar y al que accedió ANÁLISIS.

“El Poder Ejecutivo o la Legislatura en sus respectivos gobiernos, no sintió preocupación por ese sector, ya que al ser una institución verticalista y no estar sindicalizada, con un sindicato que alce su voz, siempre deben "obedecer y cumplir". Caso contrario serán pasibles de sanciones disciplinarias que arruinan legajos, bajan puntajes y no están en condiciones de ascenso, lo que atrasa o perturba la carrera del funcionario policial”, describieron.

En ese marco se recordó que el 3 de marzo de 1989 –hace 34 años-, el Poder Ejecutivo, encabezado en ese momento por Jorge Pedro Busti emitió el Decreto 805/89 MGJOSP donde se puso énfasis “en la necesidad de establecer los niveles remunerativos en los distintos grados que integran la escala jerárquica del escalafón, con una metodología que evite altibajos en los niveles salariales de las fuerzas de seguridad. Que el "estado policial" y el "estado penitenciario" implica una situación de 'servicio permanente', es decir el policía está franco de servicio - pero ante un suceso debe intervenir o puede ser llamado urgente al servicio y debe concurrir de inmediato-. Que son pasibles de 'recargos' que conducen a la prohibición de otras tareas remunerativas, de participación en actividades políticas, de asociarse y realizar reclamos salariales colectivos, todo lo cual llevó al Ejecutivo Provincial a considerar esta situación especial”.

“Que las metodologías y avances de todo tipo en materia delictual han tenido un avance indescriptible en los tiempos que corren, por lo cual se impone una eficaz tarea preventiva capacitando e instruyendo a los cuadros en un medio donde generalmente no se cuenta con infraestructura adecuada y personal suficiente. Que observando el análisis comparativo de otras fuerzas de seguridad que brindan servicio dentro de nuestro territorio y teniendo en cuenta el insoslayable principio de a igual tarea, igual remuneración, se hace necesario adecuar las de la Policía y Servicio Penitenciario con la de la Policía Federal Argentina, siendo ello de estricta razón de justicia, que es de este Gobierno tutelar. Que hubo una comisión especial abocada al efecto y elaboró una propuesta que permite la equiparación salarial real que en cada caso percibe la Policía Federal Argentina”, resaltó en ese entonces.

Y en su artículo primero, ese decreto reza: “Equipárese la remuneración efectiva de bolsillo del personal de la Policía y Servicio Penitenciario de la Provincia con la de la Policía Federal Argentina”.

En el segundo establece la “cláusula gatillo de actualización inflacionaria”. Y en el tercero previene que en la “medida en que los haberes sean menores, se determina un plus”.

En el quinto artículo pone el decreto “ad referéndum” del Poder Legislativo y en el sexto determina que es refrendado por los ministros Secretarios de Estado en acuerdo general, lo cual se llevó a cabo obrando sus firmas al pie del mismo.

Hasta ahí la propuesta que fue esperanzadora en su momento, pero, todo quedó en algún perdido cajón, ex profeso o el olvido con el paso de los años, sepultó la promesa e ilusión de los efectivos entrerrianos.

Contextos

También los policías que están reclamando mejora salarial cita a manera de archivo que el 11 de septiembre de 2007 la Revista ANÁLISIS publicó:

“Un grupo de suboficiales de la policía de Entre Ríos, reclamó a las autoridades de la fuerza de seguridad analizar la posibilidad de avanzar con una equiparación salarial que permita a los uniformados cobrar lo mismo que un integrante de la Policía Federal. El portavoz del grupo, fue el suboficial mayor Nicolás Ramírez, quien informó que se le envió una carta documento al jefe de Policía, Roberto Massuh, para que avance con el reclamo. En el pedido, se hace saber que se encuentra en vigencia el Decreto número 805/89, que dispone una equiparación del sueldo de los policías con sus pares de la Federal. “El decreto nunca se puso en vigencia en Entre Ríos, porque el ex ministro de Economía Domingo Cavallo prohibió en el año 2000, todo tipo de reajustes de remuneraciones salariales”, detalló Ramírez para indicar que “las policías de Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y otras avanzaron en esta mejora”.

Asimismo, y citando los eventos de insurrección policial en diciembre de 2013 que tuvo su punto más intenso en Concordia –además de algunas otras adhesiones en varias localidades-, “fue como un grito de hastío, de cansancio, de fastidio por años guardado. Hacia ahí se trasladaron los jefes policiales y el gobernador (Sergio) Urribarri, quien se reunió con efectivos en la Jefatura Departamental y en un intento de "calmar las aguas" hizo promesas de aumentos y mejoras salariales que nunca cumplió, al contrario, luego de haber dado su palabra que de alguna manera iba a destinar un impuesto para esas mejoras, con el correr de los días y solucionado ese tema, dio marcha atrás y traicionó la confianza que depositaron los  policías, recayendo sobre ellos causas judiciales y administrativas muy severas que solo perjudicaron sus vidas institucionales y personales”, resaltaron en el escrito al que accedió ANÁLISIS.

“Incluso aquella negociación, que fue coronada con la firma de un acta acuerdo, ante el Obispo de Concordia y dirigentes sociales que oficiaron de testigos, fue clave para que los policías volvieran a patrullar las calles. Por ese entonces, se apuró a enviar a la Legislatura una reforma tributaria que le aportaría los recursos suficientes para cumplir la palabra dada a los policías. Es decir, ATER posee un porcentaje de impuestos destinados a mejorar el salario policial, pero en la práctica, no se lleva a cabo, quedando a un lado las promesas del gobernador”, denunciaron.

“Con lo antedicho, se demuestra que hay una desprotegida institución provincial que al no poseer representación sindical nadie puede levantar la voz de sus derechos laborales y salariales legítimos. Solo recibe parte o lo que se acuerda desde los sindicatos como la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE)”.

“En cambio, la Justicia, con sus reclamos, que fueron oídos, con su presentación de anteproyectos y sus acuerdos con el poder político -llámese Legislatura o Ejecutivo-, lograron la Ley de Enganche con las Justicia Federal, bajo el precepto de "a igual tarea, igual remuneración", por lo cual fueron equiparados sus haberes. ¿Y la Policía? bien, gracias”, compararon para dar cuenta de la discriminación que sienten.

“La Policía es el brazo armado de la Justicia, la cual está permanentemente capacitándose en pos de malograr la actividad delincuencial que avanza con muchos recursos que a veces los policías no acceden, es la encargada de hacer cumplir la Justicia, la Ley y el Orden, es decir tiene muchas más tareas y no son reconocidas ni remuneradas como tales. ¿Hasta cuándo se los postergara en sus malogrados haberes? Cuando están franco de servicio, se emplean de albañiles, pintores, carpinteros, remiseros, etc, o servicios de policías adicionales, lo cual les insume su tiempo libre y no comparten con sus familias, todo para llevar unos pesos más a sus casas y les quita calidad de vida y dignidad”, describieron.

Por su parte, el licenciado en Ciencias Penales y Sociales, comisario principal (R) Héctor Olivera, en una comisión de trabajo permanente, realiza reuniones con retirados y activos y siempre recibe el mismo reclamo, que hay que sindicalizar la policía o bien lograr el enganche con la Policía Federal Argentina, lo cual trata de motorizar con legisladores que lo escuchan y prometen ocuparse del tema. Según declaró, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) destina un porcentaje de sus ingresos para aumentos salariales, y el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) destina un 5 por ciento a la Seguridad. Esto demuestra que los recursos existen y pueden ser utilizados en beneficio del personal policial.

Olivera –junto a otros policías activos y retirados- están generando un debate necesario sobre la equiparación salarial en la Entre Ríos, “con la esperanza de obtener el apoyo de la legislatura provincial para impulsar cambios significativos que beneficien tanto a los agentes activos como a los retirados, así como a los penitenciarios, en pos de un sistema de seguridad más justo y efectivo para todos”, destacaron en el escrito al que accedió ANÁLISIS.

Sin embargo, aclararon que “el riesgo que enfrenta cualquier miembro de una Fuerza de Seguridad es inherente. Y nada mejor para demostrar esto es que se cobra por cargo, no por lugares riesgosos. Por supuesto que a la hora de un salario también influye la antigüedad y, en los rangos más bajos, los adicionales. Pero a la hora de comparar planilla con planilla, lo único que queda en claro es que las Fuerzas entrerrianas están entre un 70 por ciento debajo de sus equivalentes de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”, se indicó.

“Para dar una idea más cabal, comparando los sueldos de una y otra Fuerza de Seguridad, un Suboficial Mayor de la PFA, percibe lo mismo que un Comisario General en la Policía de Entre Ríos.

La escalan actuales revelan “esa injusta desigualdad”, según el movimiento de Policías que está promoviendo su equiparación.