
La ministra de Gobierno, Rosario Romero, brindó detalles del proyecto para crear una Fiscalía Anticorrupción que presentó el gobernador Gustavo Bordet a la Legislatura. (Foto: ANALISIS)
La ministra de Gobierno, Rosario Romero, brindó detalles del proyecto para crear una Fiscalía Anticorrupción que presentó el gobernador Gustavo Bordet a la Legislatura. También habló del juicio por corrupción que se sigue contra el ex gobernador Sergio Urribarri.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Romero explicó que “la Constitución previó en el artículo 208 un órgano específico, una Fiscalía especializada, ya hace 14 años, y ante la no sanción legislativa el procurador del Ministerio Público Fiscal, haciendo uso de una facultad que tiene, le otorgó la competencia a una de las fiscales adjuntas. Ahora hay una circunstancia especial en torno a la Fiscalía pero como órgano esa Fiscalía no está creada, y ahora el gobernador propone algo que va a llevar varios meses y seguramente va a exceder el proceso que se está sustanciando en el jury de enjuiciamiento”.
En ese marco, mencionó que en estos años “se presentaron dos proyectos de legisladores –Jorge Monje y Gustavo Zavallo- que fueron tenidos en cuenta y una de las cosas que más se estudió ebn este proyecto que elevó el gobernador es si podía ser un órgano completamente independiente o no, y la interpretación que hicimos es que la Fiscalía tiene que estar bajo la órbita del Ministerio Público”.
Entre las características del organismo a crear, detalló que “ya contempla un equipo pericial, un equipo de empleados judiciales, una secretaría y habla de una trayectoria en materia administrativa que deben tener los postulantes; es decir que se va a valorar más en cuanto a puntaje a aquel que tenga conocimiento sobre el funcionamiento del Estado. Además, se prevé que abarca los delitos contra la administración pública en los tres poderes del Estado, de los entes autárquicos y descentralizados, y de comunas y municipios, y absorbe la competencia de las causas que ingresen en cuanto a los delitos contra la administración pública previstos en el Código Penal”.
Sobre la conveniencia a o no de enviar el proyecto en medio del proceso de jury que se sigue contra la procurador adjunta, Cecilia Goyeneche, la ministra explicitó: “El gobernador hizo este compromiso el 15 de febrero, en nada obsta ni a favor ni en contra del proceso de jury que se está sustanciando porque es un proceso que le reprocha una conducta a la procuradora adjunta que nada tiene que ver con la creación o no de este organismo que era una deuda desde el 2008. El gobernador también se comprometió a enviar otros proyectos como el Código de Faltas que derogue la 3815, el Código Procesal Laboral, la reforma de los procesos administrativos y considerábamos que era conveniente hacer una regulación de esa norma constitucional de hace 14 años”.
Sobre el mayor puntaje a quienes tienen experiencia en la administración publica, señaló que “quien ha pasado por el Estado no es lo mismo que aquel que egresa de la facultad y no tiene experiencia en la función pública. La experiencia en la función pública forma parte del perfil de aquellos que concursan; el Estado puede definir a través de su norma jurídica un perfil de investigadores, y ese perfil en esta propuesta busca que se valore mucho a aquellos que de algún modo conocen desde la práctica lo que es el funcionamiento de la administración pública”.
De todos modos, aclaró que “no es un requisito para postularse; se otorgará mayor puntaje en los antecedentes y se va a valorar la experiencia administrativa lo cual no quiere decir que con otras cosas, años de profesión o demás, el postulante pueda completar ese puntaje”.
Por otra parte, sobre la designación de los peritos explicó que “los va a designar el Poder Ejecutivo previo concurso que va a conducir el Consejo de la Magistratura y participación de los Colegios profesionales. Es un concurso público en el que podrá presentarse cualquier contador, cualquier licenciado o ingeniero en sistemas, y de ahí el Consejo de la Magistratura hará una terna que propone al Ejecutivo, pero siempre las designaciones salen con un decreto del Poder Ejecutivo, desde el Superior Tribunal hasta cualquier defensor o fiscal”.
Consultada por el diálogo con la oposición, dijo que “se debe dar en el ámbito legislativo, se tuvieron en cuenta los dos proyectos existentes y sin dudas todos coincidimos en que hay que regular el 208 de la Constitución. A lo mejor el proyecto puede ser enriquecido con los aportes de los legisladores, esto es un proyecto del Ejecutivo enviado a la Legislatura que ahora debe empezar su debate”.
Sobre los tiempos para la aprobación de la iniciativa, Romero sostuvo que “la expectativa es que la Legislatura dentro de sus tiempos, sin apuros ni tratamientos rápidos sobre tablas sino en comisión, le de sanción en el primer semestre de este año, y que hacia mediados de año se puedan estar abriendo los concursos, porque el proyecto prevé que inmediatamente de creados los cargos se empiecen los concursos”.
Megajuicio a Urribarri
Consultada por su valoración respecto del juicio por hechos de corrupción que se sigue contra el ex gobernador Sergio Urribarri, “este juicio –como otros que han ocurrido en la provincia- demuestra el funcionamiento y la independencia del Poder Judicial. No habrán visto ni una sola interferencia del Poder Ejecutivo, ni opinando y lo seguiremos haciendo así”.
“El gobernador y los funcionarios acatamos las sentencias aunque a veces no compartamos su conclusión, ni opinamos sobre las sentencias o los procesos judiciales como una conducta de respeto hacia otro poder del Estado. Dialogamos en torno a normas que tienen que ver con el Poder Judicial, todas las normas procesales que se han sancionado en la provincia las hemos consultado antes, tenemos reuniones para compartir opiniones o miradas pero nunca en cuanto a causas específicas”, planteó la funcionaria.
De todos modos, aseveró que “este juicio, como otros que se han desarrollado en la provincia con total tranquilidad, sin interferencia del Ejecutivo, demuestran que en Entre Ríos la calidad institucional es alta y que funciona la división de Poderes”.
Proyecto de acuerdo con el FMI
En otro orden de temas, Romero dijo que en el hipotético caso de haber ocupado una banca del Congreso nacional “hubiera votado apoyando el proyecto de acuerdo con el FMI” y analizó la decisión de La Cámpora de no acompañar la iniciativa: “Los debates hacia el interior del Frente de Todos se tienen que dar no en las posiciones que requiere la Argentina como tal, sino que se tienen que dar hacia el interior de la fuerza y dirimiéndolas en internas en su momento. Este era momento de acompañar el proceso y el Congreso dio muestras de una madurez excepcional”.
“Así se hacen las cosas en la democracia, hay una decisión gubernamental que había que acompañar y en ese sentido deberíamos haber postergado los debates hacia el interior del Frente de Todos, que por otra parte es saludable que se den porque quien aspira a gobernar, aspira a trazar líneas de acción y hay que debatirlas en el seno de un Frente. Respeto la posición de La Cámpora pero obviamente hubiera votado apoyando la medida del Ministerio de Economía”, definió.
Por último, respecto de las diferencias en el Frente de Todos, sostuvo que “es muy evidente que es un proceso que debe darse al interior de la fuerza, no deben darse en la función pública. Creo que con los tiempos electorales hacia el año que viene, necesariamente se van a dar”.