Por Néstor Roncaglia (*)
Especial para ANÁLISIS
No hay dudas de que el narcotráfico es un negocio millonario y violento, se trate del narcomenudeo, que puede comenzar como una actividad familiar, o un gran cartel, lo cierto es que quienes lo dirigen lo encaran con una lógica empresarial, que aparte de ser criminal, produce dinero. Lo manejan con la lógica de la economía de mercado, la oferta y la demanda. Si no hay demanda, el giro comercial se debilita, y entonces procuran incentivar la demanda, creando nuevos adictos.
La expansión del narcotráfico, en estos últimos años, responde a esa ley, que se vio influida por dos factores principales: un gran aumento en la producción de drogas en los países productores sudamericanos, particularmente de cocaína y marihuana; y el incremento descomunal de consumidores, que vino de la mano de la banalización del consumo de las drogas y una total falta de políticas de prevención de drogadicción, a su vez ayudada por la nefasta ley de salud mental, que exige el consentimiento para la internación de un individuo enfermo, que no maneja sus emociones y mucho menos su discernimiento y toma de decisiones... Hay que cuidar a los adictos, que son verdaderos esclavos de la droga, sacarlos de esas cavernas químicas donde se encuentran sumergidos, y ayudarlos.
Hay que tener presente que son muchos los factores por los cuales una persona termina consumiendo drogas: falta de contención, desavenencias en la familia, pérdida del sentido de la vida, carencia de expectativas sobre el futuro, falta de tolerancia a la frustración, a la masificación, entre otros. Muchos delincuentes comunes, asaltantes, estafadores, hoy se dedican al narcotráfico por la simple razón de que es más rentable y se gana mucho dinero en efectivo, que se constituye, más allá de las ganancias, en un gran elemento corruptor de la política, la Justicia y las Fuerzas de seguridad y policiales...
Otro elemento que ha influido sobremanera en el crecimiento del narcotráfico, es la falta de acción de gran parte de la Justicia, jueces y fiscales que parecen meros espectadores de los acontecimientos que ocurren a otros, y en su inacción, o en su benevolencia con el criminal, privan a la Policía de un apoyo sin el cual no pueden actuar.
Es muy grave lo que pasa en Rosario, pero no es muy distinto a lo que pasa en otros territorios. Ocurre que los ojos de los medios y la prensa en cierta manera están puestos ahí. Pero lo mismo pasa en el Gran Buenos Aires, y en las grandes ciudades. Los métodos de venta de drogas en la zona de San Martin, por ejemplo, son similares a los métodos de Rosario... La particularidad de Rosario, más allá de la violencia y homicidios, es que es una ciudad con una economía pujante, un puerto que concentra y despacha las cosechas al mundo a través de sus puertos, mueve mucho dinero, con un crecimiento sostenido acompañado de su situación geográfica, donde convergen rutas nacionales y provinciales además de la hidrovía, o sea que tiene una conexión privilegia con el resto del país y con el mundo. Basta recordar que cuando comenzó el narcotráfico allí, se trataba de un narcomenudeo en zona periférica Los Cantero, unas de las bandas operativas en la zona sur comenzaron a ganar mucho dinero en efectivo, el dinero trajo inversiones, aparecieron profesionales asesorando a estos narcos, y así fueron ocupando toda la geografía, sometiendo a la Policía mediante sobornos…y lo cierto es que un policía que recibe dinero como actos de corrupción se convierte en un esclavo de los delincuentes y nunca más los podrá combatir. Pasa a ser un subalterno de las organizaciones narcotraficantes. Ni hablar cuando sobornan a jueces, fiscales y a la política.
Las organizaciones narcocriminales operan como cualquier mafia, en el sentido de que se instalan donde se sienten tranquilos, donde no se ven perseguidos y sienten que pueden corromper el sistema defensivo de la sociedad, negociar con las autoridades y expandir la demanda. Por eso incorporan en sus estructuras a cuadros profesionales que hacen estos estudios de mercados y buscan conexiones, y al cabo tienden a instalarse donde detectan que las autoridades judiciales y policiales son débiles, corruptas o inoperantes, miedosas o están deprimidas, sin apoyo de la política y sin medios, en inferioridad de condiciones para combatirlos. Insisto, cuando una institución o los integrantes de una institución, cualquiera que sea, recibe dinero del crimen organizado, automáticamente pasan a ser un súbdito más de éstos, un esclavo a quien no respetan ni le temen.
Ante todo, a título de introducción, digo que lo último que necesitan los ciudadanos es escuchar y ver a los políticos peleándose entre sí, tirándose la pelota unos a otros, en lugar de ir a las cosas y encontrarles remedio. Creo ese no es el camino, en mi humilde opinión.
A continuación, que en el ámbito de la acción provincial, el gobierno, la policía y las fuerzas de seguridad pueden ganar muchas batallas, pero el objetivo es ganar la guerra, cuestión hoy, en el concierto de las naciones, no se ha logrado.
Al crimen organizado hay que combatirlo organizadamente, y hay que combatirlo en todo el ámbito nacional al mismo tiempo, mediante una acción conjunta de los tres poderes, tanto en el nivel nacional como provincial. Hay que construir un sistema de inteligencia del delito eficiente y controlado, hay que contar con buenas fuerzas de seguridad, eficientes, profesionales e incorruptibles, hay que sumar un compromiso del poder judicial para aplicar estrictamente la ley y evitar la reincidencia, y hay que contar con un sistema carcelario que mantenga a todos los presos en su sitio, con sus derechos pero sin prerrogativas, que a menudo se consiguen mediante la corrupción y les permiten continuar delinquiendo desde la cárcel. Todo esto puede organizarse si se crea una “comunidad de la seguridad pública” que permita el funcionamiento coordinado de todos los mecanismos, tanto a nivel provincial como nacional. Por eso insisto en que esta es una materia que requiere una política de Estado a largo plazo. El pacto y la coordinación debe ser integral en todo sentido, sobre todo desde el sentido común, la transparencia, la decencia y el propósito compartido….
Empecemos por la política. Si se enfrenta un conflicto de esta envergadura, no es cuestión de sentarse unos frente a otros y ponerse a discutir criterios y ver quién saca provecho electoral de la cuestión, sino sentarse juntos y solucionar ese problema que afecta a la sociedad. Creo que, como sociedad, necesitamos políticos que se hagan cargo, que recojan el guante, que tengan un plan para combatir el narcotráfico y todos sus problemas conexos.
En el caso de la seguridad y el narcotráfico en Entre Ríos, estamos trabajando con Rogelio Frigerio en un plan serio y contundente, a la altura de la gravedad de la situación.
Estamos pensando en un Sistema Integral de Seguridad Publica que trascienda a un gobierno, que sea una cuestión de Estado, que queda para siempre, no para una gestión determinada.
En lo atinente al Gobierno provincial, debemos tener fuerzas de seguridad y policiales, motivadas, bien pagas, serias, absolutamente profesionales. Que sean controladas por el poder político, pero que no se vean politizadas. Las Fuerzas de Seguridad deben ser intangibles, para asegurar la supervivencia del Estado provincial (o Nacional), la seguridad de sus ciudadanos y la convivencia en paz. Todos los partidos tienen que verlo así, y respetarlas. El personal de seguridad tiene que tener una excelente preparación, entre otras cosas para que sepa respetar los DDHH en esos momentos tan difíciles de la acción policial, que no admite dilaciones ni dudas. Y algo muy importante, que suele olvidársenos en la pasada: que también a ellos se les respeten sus DDHH, y su bienestar, con todos los elementos materiales y personales para cumplir con la misión que se les encomienda, vehículos y medios tecnológicos. Y un detalle, las tecnologías no se pueden corromper sin son pensadas como prueba forense. No es una cuestión menor, porque la seguridad también depende del contexto de los encargados de hacer cumplir la ley. Nada bueno podemos esperar de las fuerzas de seguridad si cosificamos al policía, si le perdemos el respeto social, lo tratamos como a un ciudadano de segunda. Una fuerza policial o de seguridad motivada, contenida, controlada y con apoyo judicial, es la única que puede parar el avance de la inseguridad y el narcotráfico.
La prevención del delito, en todas sus gamas, es un aspecto básico, pero frente al hecho delictivo las fuerzas deben actuar con todo el poder de la ley y deben operar dirigidos por un Jefe que tenga condiciones de liderazgo.
El miedo a intervenir es nefasto para las fuerzas y produce parálisis, en consecuencia, envalentona a los delincuentes porque éstos huelen la debilidad de ellas y se empoderan.
En un contexto apropiado, la naturaleza humana tiende a la bondad y al cumplimiento de las normas rectoras, pero también hay excepciones, sin duda. Por eso siempre es preciso mantener un férreo control de asuntos internos, y si se constatan delitos cometidos por policías, debe actuarse de manera drástica, porque también es cierto que el crimen de uno mancha la credibilidad de todos. Y en particular es preciso tener presente que la conducta humana se basa a menudo en la observación de lo que hacen otros, y si quienes están a la cabeza de la Institución se dedican a cometer delitos o no dan el ejemplo, los que están abajo van a tender a hacer lo mismo, tal vez no todos, pero los suficientes para el deterioro general de la institución. En resumen, si no hay buen ejemplo, en lo que se hace, no se van a conseguir buenos resultados.
Como dije antes, al crimen organizado, se lo combate organizadamente, con lineamientos claros desde la política y con el apoyo explícito de la justicia. Sin apoyo judicial, el policía duda frente al delincuente, da por descontado que detenerlo es una tarea fútil, de corta duración y que al cabo, si la situación se pone difícil, la justicia se volverá en su contra, se desmotiva y baja sus brazos. Por el contrario, el policía tiene que tener una actitud de fortaleza y decisión frente a los delincuentes, sobre todo frente a los narcos. No les puede temer, tiene que actuar sí o sí en defensa de la sociedad, pero, obviamente, insisto, esta actitud viene de la mano de diversos factores, atinentes a la función de las instituciones, y en particular las de las fuerzas del orden...Es muy importante que a nivel político, la sociedad decida si quiere mantener una actitud permisiva, garantista o abolicionista, frente al delito, o quiere recuperar el control de la fuerza, de la violencia, y darse condiciones de paz y seguridad en el orden interno. Esto es vital. Estos años hemos tenido muchos ejemplos de exceso de garantismo, y luego la sociedad termina lamentándose de la violencia generalizada, los crímenes sin sentido, la expansión del narco, y la indefensión del ciudadano de a pie, que no va por la vida armado. La actitud de las Instituciones tanto judiciales y policiales es elemental para llevar tranquilidad a la sociedad.
Otro tema candente, es el de la falta de cárceles. Es evidente que no debe haber presos en las comisarías. Los policías no son carceleros, los presos tienen que estar en las cárceles, donde debe operar un sistema especial de contención, pero sobre todo se debe evitar que sigan delinquiendo desde sus lugares de alojamientos. Es inaudito que los presos tengan celulares, deben existir sistemas de inhibición de las comunicaciones, los presos no deben tener prerrogativas especiales, en particular, prerrogativas que les pueden facilitar la comisión de los mismos delitos por los que están presos. En este sentido, la debilidad es mala consejera. Se le está infligiendo un daño a la sociedad, en nombre de una benevolencia falaz. Si el preso sigue delinquiendo desde su celda, jamás las cárceles van a servir, como establece la Constitución Nacional, para su reforma y futura inserción social. No quiero decir con esto que se les haga padecer situaciones ultrajantes, los presos merecen y deben ser respetados, pero deben ser privados de prerrogativas contraproducentes con las razones de su detención.
Por último, en la lucha contra el crimen organizado hay que presentar un frente unificado, coordinado entre los diversos actores del sistema, cada uno dentro de su competencia constitucional, que abarque todo el territorio nacional. De lo contrario se puede producir lo que se conoce como “efecto cucaracha”; si los delincuentes entienden que en una Provincia o un determinado escenario, el Estado se ha decidido a combatirlos, encienden las luces de alarma y se van de ese territorio a ocupar otros. Por eso, el ataque debe ser integral, sistemático, dinámico, sostenido y unificado.
A esta altura de las circunstancias, entiendo que hay un esfuerzo en solucionar el problema de Rosario, pero es evidente q no ha alcanzado, es como un cáncer con metástasis, se necesita un shock de rayos y eso lo debe hacer el Estado de manera urgente, aunque se mermen ciertas garantías ciudadanas y se priorice el control del territorio, tal como ocurrió en Estados Unidos después del ataque a las torres gemelas.
La presencia de las fuerzas de seguridad debe ser explícita, visible y firme en la vía pública y en todo el territorio y obviamente, los ciudadanos deben entender que ese control estricto, va a ser en beneficio de toda la sociedad.
El escenario de prevención del delito es prioritario, aunque la inteligencia criminal seria y las investigaciones criminales deben ir en paralelo.
Para terminar, entiendo que hay dos maneras de no solucionar un problema, uno, negándolo y el otro haciendo un mal diagnóstico. Y recordar que a una estupidez le puede seguir otra estupidez aún más grave.
(Exjefe de la Policía Federal Argentina)
