Por José Carlos Elinson (*)
Fue cuando con cierta preocupación pero sin datos demasiado claros de lo que traería el COVID -19 y sus implicancias en la vida de los pueblos, escribimos que la experiencia de haber pasado por tiempos traumáticos, nos hacía temer que los mercaderes de las necesidades de la gente se instalaran entre nosotros para hacer la diferencia económica entre las penurias de unos y los manejos espurios de otros.
Puesto a vivir el COVID – 19 en la Argentina, sería ocioso volver sobre temas suficientemente tratados donde la angustia privilegia espacios de dolor e impotencia.
Esos espacios de padecimientos son, precisamente, el campo propicio para que estos filibusteros siempre atentos a los espacios de carencias, ofrezcan sus mercancías a precios exorbitantes jugando sin piedad con las postraciones de aquellos a los que las circunstancias los obligan a munirse de elementos cuyos precios deciden los que venden y a los que deben allanarse los que compran.
La empresa Green Salud del abogado Ignacio Sáenz Valiente le vendió al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, barbijos a un precio que oscila entre los 3000 y 3900 pesos por unidad.
Según el Ministerio de Salud, los barbijos que se compraron son de la marca 3M de “alta eficiencia”, pero la propia fábrica 3M ofrece un modelo similar al comprado por CABA que vale unos 3,40 dólares que al cambio de 85 pesos totalizaría 289 pesos por cada barbijo.
Ampliando la investigación, nos encontramos con que en otros distribuidores oficiales de Argentina como Segufer, una empresa sugerida en la web oficial de 3M, los mismo barbijos están cotizados a 11,05 dólares, unos 939 pesos. Y en portales internacionales como Alibaba, se pueden comprar a 8 dólares, unos 680 pesos y los envían directamente desde el puerto de Wuhan, la ciudad donde se originó el Coronavirus Covid-19.
En tanto, en portales como Mercado Libre, el costo del barbijo era de 2.700 pesos, pero es de hacer notar que hace un mes, su costo no superaba los 1300 pesos.
Evidentemente hubiésemos querido equivocarnos, pero –dicho esto con dolor-, estamos en la Argentina, donde se permite que los (de)formadores de precios lucren con las necesidades de la gente aún en situaciones de extrema sensibilidad, palabra esta que seguramente no figura en el léxico de estos empresarios de insensibilidad manifiesta.
Sería de esperar que el gobierno de la Ciudad investigue exhaustivamente la extraña transacción que juega libremente contra los intereses del Estado, es decir de todos los habitantes del país, a excepción, claro, de los involucrados en la perversidad.
(*) Especial para ANALISIS.
Fuente: Revista Noticias
