Luego de haber escuchado a más de 130 invitados en representación a las distintas partes involucradas por la Ley de Alquileres (27.551), la Comisión de Legislación General de Diputados, presidida por la oficialista Cecilia Moreau, finalizó la última jornada con expositores que se llevó a cabo este martes en el Anexo “C” de la Cámara baja.
La próxima semana comenzará el tratamiento legislativo por parte de los diputados para obtener el dictamen. En ese sentido, la presidenta de la comisión aclaró que invitarán a exponer a los legisladores que han presentado proyectos sobre el tema, pero remarcó que “no todos los proyectos presentados sobre la temática tienen giro a la comisión”. Además, invitó a los diputados que “no son parte de la comisión, pero que quieran participar pueden hacerlo”.
Las distintas posturas en torno a cómo resolver la problemática estiran los tiempos, mientras que desde la oposición hay voces que reclaman avanzar rápidamente. Es que, en el mes de marzo, Juntos por el Cambio tenía prevista una sesión para derogar la actual ley, pero tras acordarse el cronograma de tratamiento decidieron desactivarla, aunque con el aviso de que si pasado el plazo de 30 días no se alcanzaba un consenso, iban a insistir con esa sesión.
En torno a derogar o modificar la ley, sancionada hace menos de dos años por el Congreso, se presentaron numerosos proyectos.
Abrió la ronda de expositores este martes la subsecretaria de Hábitat de la Municipalidad de Rosario, Josefina del Río, quien denunció que “una gran cantidad de contratos se están celebrando en condiciones informales y no se registran ante la AFIP”, algo que estableció la ley. “Hoy en Rosario el 20% de la población alquila”, detalló y mencionó que “entre los años 2020 y 2021 recibimos 14 mil consultas vinculadas al tema de alquileres”.
En cuanto a la norma, la funcionaria defendió que los plazos de duración de los contratos “más largos suponen mayor estabilidad”. “El problema no son los tres años, el problema es la seguridad jurídica, y eso alcanza a las dos partes del contrato”, observó.
“Discutir el precio supone discutir el mercado. Hablar de mercado inmobiliario es hablar de suelo. Y en las ciudades que tienen que ser compactas y sostenibles hay que gravar la vivienda ociosa. Pero la escasez de inmuebles no se resuelve solo en base a una sanción, también es fundamental generar un régimen de beneficios y promoción impositiva para que más propietarios se inclinen a volcar sus viviendas al alquiler”, sostuvo Del Río.
Y resumió: “No se trata de derogar la ley, se trata cumplir aquello que ya se regula y de modificar lo que demostró no funcionar”.
Luego fue el turno de la exdiputada de la UCR Josefina Mendoza, quien habló en representación de la Fundación Haciendo, y propuso que en el marco del debate de la ley se piense en “un régimen de alquileres específico para estudiantes de nivel superior”, propuesta que había presentado a través de iniciativas en 2018 y 2021.
La bonaerense recordó que la actual ley se aprobó “con la mejor de las voluntades, pero efectivamente en el día a día ha traído distintas consecuencias”. Centrada en su propuesta, resaltó que este régimen busca “generar incentivos” ya que el alquiler es “un limitante económico que desincentiva a los estudiantes” a poder llevar adelante su carrera.
Por la Asociación de Inquilinos de San Juan, Renzo Quero, subrayó que es “fundamental” ver a la vivienda “desde los derechos humanos”, porque “si la entendemos como un bien comercial, la verdad que todas las garantías se pierden, no tenemos garantía de protección estatal”, publicó Parlamentario.
“Venimos a defender que no se derogue” la norma, expresó y señaló que los inquilinos son “la parte más débil (en la relación contractual); sí o sí necesita la intervención del Estado”. “Esta ley vino a reconocer derechos y no podemos retroceder”, insistió.
Desde el colectivo de Hipotecados UVA autoconvocados, Claudia Pilo remarcó que “muchas veces los inquilinos al no contar con las exigencias requeridas por las inmobiliarias y los propietarios deben vivir en lugares en condiciones inadecuadas, precarias y a un costo altísimo”. “El lobby del sector inmobiliario y el mercado no pueden decidir qué calidad de vida tienen que tener las personas, es necesario que el Estado intervenga”, manifestó y agregó: “Los hipotecados UVA pasamos por ese infierno, por eso nos solidarizamos con todos ellos”.
Sobre la realidad de este sector, lamentó que “ahora somos inquilinos de los bancos”. “Durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri se instrumentó y creó la estafa UVA, una demanda de los principales agentes del sector inmobiliario y de los bancos para impulsar el crédito hipotecario y así obtener ganancias extraordinarias. De esta forma se entregó la política pública de acceso a la vivienda al sector financiero. Hoy, por causa de esa política, están en vilo más de 115 mil familias en todo el país”, enfatizó.
Tras precisar que el valor promedio de una cuota, que se ajusta por inflación, “supera los 70 mil pesos”, Pilo indicó que “la UVA desde su creación en abril de 2016 aumentó un 700%”.
También con críticas a la gestión actual, la expositora dijo que “lo único que tenemos hoy por parte del Gobierno es el relato sobre el fracaso de los créditos UVA. Para relato estamos nosotros, que sufrimos el destrato constante a pesar de las promesas de campaña del actual presidente”.
“Es urgente la decisión política que demuestre firmemente que, entre los bancos y la gente, se elige a la gente. Al igual que los inquilinos necesitamos que nuestros legisladores aborden urgente nuestra problemática”, reclamó.
Las visiones contrapuestas que han mostrado a lo largo de las jornadas desde el sector de los inquilinos y de los propietarios/inmobiliarias solo acrecientan la incertidumbre sobre cómo se podrá resolver una reforma a la norma que conforme a todos. No parece nada fácil, sobre todo en dos puntos centrales.
A lo largo de las reuniones informativas, desde las asociaciones de inquilinos reclamaron que no se elimine el índice previsto para los ajustes anuales -que combina IPC y RIPTE-, al tiempo que muchos de ellos reivindicaron el plazo del contrato de 3 años.
Desde la otra vereda, los argumentos dados desde el sector inmobiliario se basaron, fundamentalmente, en eliminar de la norma el índice de ajuste anual, dejando librado el acuerdo entre las partes; y volver al contrato de 2 años.
