Imagen de archivo del fiscal Ignacio Aramberry.
(De ANALISIS)
La puja encarnizada de los vocales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos contra los fiscales de la Procuración General del Poder Judicial sigue su curso. Es como que la orden es aniquilar a los fiscales que alguna vez se metieron con delitos de corrupción -en especial contra el urribarrismo- y de esa manera cobrar caro la venganza por las condenas, en una provincia y un país que cada vez exige más justicia, más transparencia y menos funcionarios corruptos. Prueba de ellos es el trámite que se lleva adelante en el Jury de Enjuiciamiento contra Ignacio Arramberry, uno de los fiscales que enjuició al exgobernador Sergio Urribarri y que terminó en una condena de 8 años de prisión. En la votación por si se forma o no el Jury a Arramberry, dos de los tres vocales votaron a favor de su realización. Tales los casos de Germán Carlomagno y de Claudia Mizawak, quien no se entiende cómo aún puede juzgar conductas de investigadores de delitos de corrupción, cuando ha sido abogada de acusados por tales casos (como Jorge Busti y Urribarri) y tiene familiares directos que son socios de empresarios también denunciados por hechos corruptos. El vocal Leonardo Portela fue el único que no hizo causa común con sus compañeros del STJ, según pudo establecer ANALISIS. Son los tres primeros que votaron y restan otros cuatro integrantes para decidir sobre la suerte de Arramberry.
La orden es clara y contundente en el seno del Superior Tribunal de Justicia, aunque cueste creerlo: ninguno de los fiscales que alguna vez investigaron delitos de corrupción en los últimos tiempos -y en especial allegados directos al urribarrismo, encabezados por el exgobernador Sergio Urribarri- debe quedar en pie en el Ministerio Público Fiscal que lidera el Procurador general Jorge Amílcar García. No alcanzó en su momento con Carlos Chiara Díaz -quien renunció antes de ser llevado a juicio político- y tampoco con la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche. El primero había tenido opiniones a favor de la profundización en torno a las causas que se tramitaban contra Urribarri y le costó la cabeza. Y después fue el turno de Goyeneche.
No fue casual que en los dos casos fuera el abogado victoriense Carlos Guillermo Reggiardo quien se presentara a denunciarlos. Y lo mismo sucedió con el fiscal Ignacio Aramberry. Incluso anunció que en los próximos días hará lo mismo con el fiscal Gamal Taleb de Victoria. Taleb cometió el pecado de avanzar contra otro socio de Reggiardo, como el dirigente del PRO Héctor “Pichi” Blázquez, denunciado por extorsionar a la senadora provincial Flavia Maidana (PJ Nogoyá) y condenado también por la justicia electoral por fraguar documentación. Blázquez fue condenado a prisión condicional por lo de Maidana (y la causa está en Casación) y le dieron luego un año de cárcel por el delito electoral. Desde que Taleb avanzó en la denuncia contra Blázquez, Reggiardo puso en marcha un plan venganza, enfermizo y despiadado mediáticamente contra el fiscal coordinador, que lo pinta de cuerpo entero.
Reggiardo es como el arlequín del grupo castigador, en esa suerte de pacto con abogados urribarristas que prefieren no poner la cara y vocales del STJ también ocultos, que optan a menudo para usar al letrado “todo terreno” y sirviente de estas causas, en nombre de su principal jefe político, el exvicegobernador Domingo Daniel Rossi, actual intendente de Santa Elena, condenado por enriquecimiento ilícito en el 2006 y con otras causas judiciales en trámite, también por corrupción, que sumarían condenas y harían invitable un final carcelario.
Reggiardo vive entre Victoria, Santa Elena y Paraná, pero se hizo nombrar secretario Legal y Técnico del Municipio de Santa Elena, con el sueldo más alto del gabinete al que le debe destinar no más de 10 o 15 horas por semana. Y su único objetivo en la vida es desestabilizar a los fiscales que investigan a su jefe político y denunciarlos, después del aval que le dan siempre desde la Sala Penal del STJ. Y con ese plafón quiere también llegar a fiscal Anticorrupción de esta provincia. Ya anunció que participará del concurso público que aún no se formalizó, pese a que es un hombre de escasa preparación intelectual, un reconocido violento -incluso con denuncias de violencia de género en Victoria- y lo único que ha mostrado en los últimos tiempos fueron actitudes patoteriles permanentes y siempre alejado de la racionalidad y la mesura que exigiría un lugar con esas características. Es más: hace años, Reggiardo ataca permanentemente por Twitter e Instagram a fiscales, periodistas y funcionarios de Juntos por el Cambio que no opinen como él piensa y la mayoría de las veces hace lo mismo en forma anónima en algunos sitios web de inexistente credibilidad y lectura, también cumpliendo el mandato de su jefe Rossi, que en forma paralela siempre reenvía a todo el arco político entrerriano lo que Reggiardo escribe para su placer vengativo.
Cuatro meses después de la presentación de una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento por supuesto mal desempeño de su función contra el fiscal Ignacio Luis María Aramberry, el caso está en una fase clave: está para que los jurados dictaminen si piden la formación de causa o el archivo de la presentación que formalizó, se supo por estas horas. En la presentación se había pedido el apartamiento de los jurados que tuvieron participación en el Jury a Goyeneche. Por eso, finalmente el Jurado de Enjuiciamiento que tratará la denuncia a Aramberry quedó conformado por los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Germán Carlomagno, Claudia Mizawak y Leonardo Portela; el senador Daniel Olano y la diputada Silvia Moreno -ambos del Frente Creer-; y los abogados Luis Leissa y María Fernanda Miotti, por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.
Reggiardo apoya su acusación en el testimonio prestado por Aramberry durante el Jury a la destituida Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche y aporta el relato del fiscal cuando se refiere a las actuaciones dispuestas en la causa de los contratos “truchos” de la Legislatura. El denunciante transcribe la declaración testimonial e incluso un fragmento del interrogatorio del fiscal ad hoc Gastón Justet en el que consulta a Aramberry sobre una orden de allanamiento y el secuestro de un teléfono celular respecto del testigo Mario Deiloff, según recordó el portal Entre Ríos Ahora.
Los tres primeros que votaron en el Jury fueron los vocales Germán Carlomagno, Claudia Mizawak y Leonardo Portela; el vocal oriundo de Gualeguaychú (allegado al exsenador nacional Pedro Guillermo Guastavino), propuesto recientemente por el gobernador Gustavo Bordet para integrar el Alto Cuerpo. No obstante, Portela viene ejerciendo esas funciones como interino. Según supo ANALISIS, Carlomagno y Mizawak votaron a favor de que se le inicie un Jury a Arramberry, pero, al parecer, Portela se habría opuesto a esa decisión. Ahora resta que voten el senador Daniel Olano y la diputada Silvia Moreno -ambos del Frente Creer-; y los abogados Luis Leissa y María Fernanda Miotti, por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.
