El abogado Palacios, en defensa de Campitelli y Zanabone (Foto: ANÁLISIS)
N.B. de ANÁLISIS
Juan Carlos Palacios es abogado defensor de los imputados Alfonso Campitelli y Jorge Zanabone, en la causa por presuntas dádivas que tiene como principales acusados al exgobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros.
Este lunes, en la continuidad de la audiencia del viernes pasado, el abogado apeló el rechazo al ofrecimiento de una probation para sus pupilos. También lo hizo el Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de Gonzalo Badano y Matilde Federik. Las dos partes cuestionaron ante el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Elvio Garzón, la decisión en la instancia anterior. Se refirieron críticamente a la denegatoria del ofrecimiento de suspensión de juicio a prueba, que resolvió el juez de Garantías N°4 de Paraná, Mauricio Mayer.
“La resolución del juez de Garantías es autocontradictoria”, tildó el defensor Palacio y manifestó que “reconoce que las partes son autónomas para decidir cómo concluir el proceso, pero avanza en un razonamiento especulativo”. “El sobreseimiento que él dictó por caducidad procesal a los consortes de causa de Campitelli y Zanabone (es decir los coimputados Urribarri y los exfuncionarios Miguel Ulrich y Carlos Haidar), es una resolución que no está firme, ni siquiera la hizo extensiva al resto de los imputados”, argumentó el defensor.
En el mismo sentido, agregó que Mayer “usó como argumento que la voluntad de mi cliente es forzada”. “Mi cliente es un contador reconocido en Capital Federal. No puede quedar esperando a ver qué ocurre con el sobreseimiento dictado para otros imputados. Todos sabemos que ese es un camino largo. Mis clientes no fueron sobreseídos en esa resolución de Mayer y están en un limbo jurídico”, apuntó y fue más allá: “Mayer propone que se sienten a esperar cuando ese sobreseimiento es un camino largo”.
Palacios también representa a otros imputados (de la misma jerarquía en la investigación fiscal que Campitelli y Zanabone). Hace poco más de un año el abogado consiguió la suspensión de juicio a prueba para Miriam Fessia y Guillermo Linares. Ese ofrecimiento de probation fue rechazado en primera instancia por Mayer, y el juez Garzón revocó posteriormente esa resolución. De modo que Fessia y Linares, empleados de jerarquía de Relevamientos Catastrales (la firma que lidera el contratista Cardona Herreros), sí consiguieron una suspensión de juicio a prueba.
“Para Linares y Fessia sí conseguimos la probation. Porque esta es la mejor solución, no quedar atados a un sobreseimiento incierto. Esta es una causa mediática y sabemos las complejidades que tiene. Así que le pedimos que conceda la suspensión de juicio a prueba para Campitelli y Zanabone, en los términos que acordamos con Fiscalía”, pidió por último el defensor.
“La resolución es arbitraria”
Así lo consideró el fiscal Gonzalo Badano ante el vocal Garzón, en referencia al rechazo de Mayer. Apuntó al rol que tomó el juez de Garantías en el rechazo de probation y manifestó: “El imputado y su defensor son muy conscientes del ‘fallo Cozzi’ de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). El consentimiento con ellos es libre y válido”, subrayó.
“Bajo el ropaje de cubrir derechos de los imputados, el juez violó el derecho de los imputados a decidir cómo terminar el proceso”, remarcó y advirtió que Campitelli y Zanabone “no están sobreseídos ni sometidos a proceso” porque la resolución de sobreseimiento no está firme. “Mayer tenía que hacer lugar a la probation”, se quejó.
Además, el fiscal recordó que el rechazo de ofrecimiento de juicio a prueba, supuso negar al Erario público una reparación millonaria. “Estos acuerdos son importantes porque después de producida la prueba de la causa, los imputados reconocen su responsabilidad y se acuerda una reparación al Estado que podría recuperar parte del dinero sustraído, a modo de reparación del daño. Pero acá un juez lo rechazó”.
La fiscal Matilde Federik calificó a la resolución del juez de Garantías como “actitud paternalista”. “La probation es una decisión del imputado y no de Mayer que decidió adoptar este rol. El imputado deberá esperar a que el conflicto por el sobreseimiento en base al ‘fallo Cozzi’ se dirima o podrá obtener una resolución en esta instancia”, planteó.
El vocal Garzón resolverá esta cuestión, junto a la decisión sobre la apelación a los sobreseimientos de Urribarri, Ulrich y Haidar, ocurrida el viernes pasado. No se comunicó una fecha puntual.
