Imagen de archivo de Cecilia Goyeneche.
La Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, fue entrevista hoy a la tarde por el programa de Radio Rivadavia “Crónica de una muerte anunciada” que conduce el periodista Nelson Castro.
Al ser consultada sobre su estado de ánimo, Goyeneche compartió: “Estoy bien, tranquila, en el sentido que sabemos quién es cada uno. Y muy triste por la situación institucional de Entre Ríos. Han pasado cosas en los últimos años en la provincia, que terminaron con uno de los resultados que fue la condena a pena efectiva al ex gobernador (Sergio) Urribarri; pero también con muchas otras causas por corrupción en etapas avanzadas de investigación. Y eso desencadenó en una decisión política de terminar –aparentemente- con las investigaciones por corrupción; descabezar a la cúpula del Ministerio Público Fiscal y probablemente sustituirla por otro perfil de funcionarios fiscales que no tengan tanta firmeza en esta clase de investigaciones. Esa es la lectura que hago y creo que es bastante clara con todo lo que ha pasado hasta aquí”.
-Es muy importante lo que explica muy bien la fiscal, porque eso tiene una consecuencia política futura porque Urribarri ya está condenado y está claro. El tema es para los que vienen. ¿Por qué contra usted en particular doctora Goyeneche?
-Soy fiscal desde 2006. Pero, desde 2018 se me asignó, siendo segunda en el orden jerárquico en el Ministerio Público Fiscal, la función de fiscal Anticorrupción. Y más allá que nosotros teníamos varias investigaciones de corrupción en curso, pero se les dio prioridad a las causas por ese delito para llevarlo a su juzgamiento. Potenciamos el recurso humano y recursos materiales a esas investigaciones. Eso generó investigaciones exitosas. Por ejemplo, la de los contratos de la Legislatura que fue remitida a juicio el año pasado; la condena a Urribarri, pese a infinidades de presiones para que esas causas no prosperaran. Creo que lo que desencadenó esta situación en la que estamos ahora fue que se hiciera el juicio a Urribarri; no tanto la condena a Urribarri, sino el solo hecho de hacer el juicio fue como el puntapié inicial del proceso de enjuiciamiento que me llevan adelante. Lo que nos llegaba a nosotros en esos momentos del gobierno era que debíamos consentir una suspensión de ese debate, pese a que estábamos hacía cuatro años esperando poder hacer ese juicio. Y pretendían que consintiéramos que no se hiciera ese debate; nos pusimos firmes, el debate se hizo y Urribarri terminó condenado. Y bueno, esas son cosas que parece no se perdonan.
- ¿Cuál es la esencia por la cual se lo investigó y se lo condenó a Urribarri?
-El delito se llama peculado, lisa y llanamente robo de dinero público para usarlo para fines personales. Fueron cinco hechos delictivos por los cuales terminó condenado; consistente en una gran en contratos de publicidad, donde montó una empresa familiar y Urribarri desvió la contratación del Estado para la empresa de su familiar. Y, por otro lado, su campaña, su posicionamiento a nivel nacional para candidatearse a presidente de la República en 2015, lamentablemente para los entrerrianos fue financiada en buena parte con dinero público cuando se pagaban campañas y decían que era para promocionar el turismo en la provincia, cuando lo que se estaba promocionando era la imagen de Urribarri. En cinco hechos concretos, terminó condenado el ex gobernador Urribarri.
-Es clarísimo e impactante.
-Lo que le iba a decir que en esto el impacto que genera a nivel provincial de una condena a un ex gobernador tiene un significado simbólico muy fuerte; en el sentido que no hay impunidad. Y la idea que no hay impunidad, pone nerviosa a mucha gente y entonces generan reacciones como esta, la de generar un cambio que modifique el esquema a futuro; volver a estar tranquilos que sí hay impunidad. Y para volver a estar tranquilos que sí puede haber impunidad, necesitan modificar y cambiar a los funcionarios que están llevando adelante esas investigaciones.
-Dentro de los jueces que juzgan uno de ellos es el padre de un funcionario del gobierno de Urribarri con el cual la fiscal tuvo un compromiso de investigarlo. Estamos hablando de Juan Ramón Smaldone, padre de Guillermo Smaldone. Ese juez en vez de excusarse, entendemos que votó en contra y esto está dependiendo un poco de la decisión de la Corte.
-Sí es así. Lamentablemente esto ya tiene cuestiones que al menos a mí me parecen bizarras. Parece una tragicomedia, realmente. La verdad es así como ustedes dicen. No solamente el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Juan Ramón Smaldone, no se quiso recusar; lo recusamos y no quiso apartarse; pero además él fue el que dictó la sentencia en el amparo. Hice una acción cuestionando el Jury que se me hacía, diciendo que en realidad era un acto de interferencia en las investigaciones de corrupción. Y ese amparo fue rechazado por él junto con otros dos vocales, diciendo que yo no tenía derecho a plantear un amparo. Y esa fue la sentencia que la Corte revocó por infundada esa decisión que había tomado también Smaldone. Bueno, Smaldone, aparentemente, según trascendió hoy en los medios locales ya ha emitido el primer voto del Jury proponiendo mi destitución. Esto es algo que no debería pasar, no deberíamos saber lo que van votando los jueces en un tribunal. Pero, bueno, como todo aquí es bastante insólito nos vamos enterando y aparentemente habría votado en el sentido de mi destitución en lugar de apartarse de la causa por la circunstancia que he participado en la investigación por hechos de corrupción que se le ha llevado adelante a su hijo.
-Es increíble además la impunidad y la desesperación de la impunidad. Y lo obsceno. Este tema del amparo y la Corte que le ha dado la razón tiene efectividad, lo que dice (el Jurado de Enjuiciamiento) es que no le llegó la notificación. ¿Es cierto, tiene asidero?
-No. Ellos están notificados del fallo de la Corte. Nosotros mismos los hemos notificado y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos también los notificó a nuestro pedido. El tema es que aparentemente ellos interpretan que el fallo de la Corte no los obliga a no dictar sentencia. Ellos interpretan que pueden igualmente dictar sentencia y en todo caso, según ha declarado en una nota periodística uno de los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento (por el vocal Daniel Omar Carubia en el diario La Nación y reproducida en ANÁLISIS) ellos pueden dictar sentencia y en todo caso luego será nula, pero no les impide dictar sentencia. Lo que es clarísimo es que la sentencia que dicten en todo caso va a ser nula, eso sí. Y no cabe ninguna duda porque la verdad este procedimiento está tan viciado que lo que estamos hablando es una cuestión de tiempo. No hay forma que esto subsista en el tiempo si se pudiera hacer un análisis jurídico. El problema es que en la Provincia de Entre Ríos hoy en día no está operando la Justicia con una Constitución en la mano, sino que está operando el sistema político.
- ¿Cuál es el posicionamiento de la Justicia? Porque uno aspiraría que hubiera una mayoría de jueces en Entre Ríos que dijera vamos a apoyar a un funcionario decente. ¿Es esa la realidad o no?
-La realidad sobre los apoyos que he tenido de colegas y magistrados y funcionarios judiciales es la de solidarizarse plenamente conmigo; la de entender cuál es la matriz de la situación. Lo que pasa que quienes tienen la lapicera en la mano en esta situación no son los magistrados de las instancias inferiores, sino que son los jueces del Superior Tribunal de Justicia, que tienen claramente una inclinación. Nosotros los hemos recusado a todos, los hemos denunciado penalmente en diciembre por este mismo hecho porque entendemos que son absolutamente parciales y están realizando una maniobra que no es del Derecho sino la de evitar la investigación de hechos de corrupción. Si esto concluye como se avizora con mi destitución, naturalmente este es un proceso que recién empieza. La Corte ya ha decidido que es una causa que es de interés institucional y observa cuestiones institucionales relevantes en la causa y también han intervenido organismos internacionales opinando lo mismo. La semana pasada hubo un pedido de informe del Relator de las Naciones Unidas por la independencia judicial muy contundente, marcando justamente su preocupación por que vieron en la denuncia que hicimos que es un caso claro de interferencia a las investigaciones por corrupción y además de preocuparlos muchos pidieron explicaciones al Estado. Esto ya es una demostración que no hace falta ser muy clarividente para darse cuenta de cuál es el objetivo final que se tiene en este proceso. Pero, también es muy fácil entonces para nosotros afirmar que vamos a seguir hasta las últimas consecuencias; y que habrá probablemente responsabilidades del Estado entrerriano o de los funcionarios que así se dispongan ante estos incumplimientos a mis derechos como funcionaria, a mis posibilidades de defenderme adecuadamente en un juicio, a la independencia en las investigaciones, en cierta medida se podría decir que esto recién empieza.
