Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación. (Foto: ANÁLISIS)
De ANÁLISIS
Este martes está prevista la última jornada de debate en el megajuicio por corrupción. Después de las 9, los 13 imputados podrán pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal que componen los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.
Al menos así lo informó hace algunas semanas el abogado Raúl Barrandeguy cuando anunció que su representado, el exgobernador Sergio Urribarri, desea ocupar el espacio para hablar. De modo que en esta última instancia, deberán comparecer al salón de actos del Superior Tribunal de Justicia todos los acusados, de forma presencial o virtual. Le tribunal les informará que el debate está próximo a cerrar, y les ofrecerá un momento para que puedan expresarse.
Tendrán la oportunidad Sergio Urribarri; Pedro Báez; Hugo Marsó; Gustavo Tórtul; Juan Pablo Aguilera; Corina Cargnel; Gerardo Caruso; Germán Buffa; Emiliano Giacopuzzi; Maximiliano Sena; Gustavo Tamay; Luciana Almada; y Alejandro Almada. Las últimas palabras suelen ser una instancia breve, donde cada uno de los enjuiciados ocupa pocos minutos para hacer una valoración o petición final. Luego, los jueces tendrán unos diez días hábiles para dar a conocer un veredicto o parte resolutiva de una sentencia.
Causas acumuladas
El megajuicio acumula cinco legajos por presunta corrupción en el gobierno de Entre Ríos, bajo los mandatos del exgobernador Sergio Urribarri, actual embajador en Chipre e Israel.
El primero de los legajos investigados en el Ministerio Público Fiscal -representado en el debate por los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull- se conoce como “causa de la vaca” o “causa de las imprentas”. Tiene como imputados al exgobernador Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y empleado del Senado; a Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y a Corina Cargnel, contadora de las empresas. La hipótesis principal apunta al direccionamiento y cartelización de publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas que adjudican a Juan Pablo Aguilera.
En esta causa también está imputado el publicista de Concepción del Uruguay, Fernando Montañana, pero fue apartado del debate oral y se lo juzgará oportunamente dado que cuando inició el juicio enfermó. También estuvo imputado en este proceso el publicista paranaense Jesús Bustamante quien, en febrero de 2018 arribó a un acuerdo de juicio abreviado con Fiscalía por el cual aceptó una pena condicional de 2 años y 8 meses. Bustamante y Montañana, sostienen los fiscales, aceptaron aparecer como beneficiarios de diversas contrataciones con el Estado entrerriano siempre y cuando retornaran parte del dinero percibido a las empresas Tep y Next que, de ese modo, concentraron toda la publicidad en la calle. La investigación abarca un período que va de 2010 a 2015.
Se ventila también el legajo conocido como “sueño entrerriano” que acumula tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los imputados son Urribarri; Báez; Gustavo Javier Tórtul; Aguilera; Cargnel; el exministro de Turismo; Hugo Marsó; y Gerardo Caruso. La hipótesis acusatoria sostiene que a través de gastos del Gobierno de Entre Ríos se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.
El último legajo del megajuicio es el conocido como “Global Means”, a partir del cual se investigó la adjudicación de publicidad en 18 medios gráficos del país a una empresa que, cuando recibió el beneficio, no estaba constituida como tal y tampoco aparecía en el registro de proveedores del Estado.
En el debate intervinieron, además de los fiscales, los defensores Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Emilio Fouces; José Velázquez; Ignacio Díaz; Juan Méndez y Miguel Cullen.
El tribunal está compuesto por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón. La audiencia comenzó el 27 de septiembre pasado. Los delitos acusados son Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Los fiscales calculan un desfalco de unos 9 millones de dólares.
